Argentina

Argentina necesita reformas adicionales para impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible

 

27/07/2017 - Argentina avanza hacia el cumplimiento de sus objetivos de crecimiento. El primer Estudio económico multidimensional de Argentina elaborado por la OCDE pone de manifiesto los logros conseguidos hasta la fecha por el completo programa de reformas macreconómicas y estructurales implantado recientemente por el gobierno. La OCDE apunta que los siguientes retos que han de cumplirse consisten en reforzar las bases sobre las que asentar una economía más productiva e inclusiva, reduciendo la pobreza y la desigualdad y mejorando el bienestar de todos los argentinos.

 

El Estudio, presentado en Buenos Aires por Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OCDE y Sherpa del G20, y Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda de Argentina, identifica una amplia gama de medidas para implantar reformas que refuercen el crecimiento centrado en las personas. El estudio insta también a que las reformas necesarias para impulsar la productividad y la competitividad en la economía – como por ejemplo el marco de regulación, la reforma del mercado laboral y de bienes, la política tributaria, las infraestructuras, la innovación, la política comercial y los mercados financieros – se lleven a cabo con unos objetivos claros en materia de inclusividad. Asimismo, el informe insta a que se consigan avances en materia de educación y competencias así como de género. El vínculo existente entre la productividad y la inclusividad, que en la OCDE se denomina como el nexo entre ambos factores, podría generar ventajas significativas.

 

Según el estudio, si se alinean los marcos de políticas argentinas en estos sectores con el promedio de la OCDE, se podría incrementar el PIB per cápita un 15% en 10 años, mientras que las reformas dirigidas a alinear Argentina con vecinos latinoamericanos como Chile, Colombia y México aumentarían la renta per cápita un 8,5% en los próximos 10 años. Siempre y cuando que las políticas adoptadas garanticen un crecimiento centrado en las personas, con medidas específicas que protejan a los hogares más desaventajados y vulnerables para que estos no asuman la carga de los costosos ajustes, estas reformas podrían generan importantes ventajas para todos los argentinos.

 

“Argentina ha dado un valiente giro a su economía, mejorando su atractivo de cara a la inversión nacional e internacional. Pero lo más importante será conseguir una mayor calidad de vida para la población argentina,” ha afirmado Gabriela Ramos. “La desigualdad, la pobreza y la informalidad actúan como un pesado lastre sobre el crecimiento por lo que deben ser el centro de atención de los esfuerzos dirigidos a conseguir un futuro sostenible e inclusivo.”

 

Según el estudio, la política macroeconómica debería seguir dirigiéndose a garantizar la sostenibilidad y una sólida gestión macroeconómica, reduciendo la inflación, disminuyendo el déficit fiscal y mejorando el acceso al crédito. Para mejorar la eficiencia del gasto público, Argentina puede ir retirando gradualmente los subsidios a la energía al tiempo que protege a los hogares más desaventajados, racionalizando el empleo público y aplicando medidas adicionales de ahorro en las empresas estatales.

 

La adopción de reformas tributarias que no impliquen pérdidas de ingresos podría incluir la reducción de los umbrales mínimos para el pago del impuesto a las ganancias personales y la aplicación de un sistema de tipos más progresivo, la retirada gradual del impuesto provincial sobre los ingresos brutos y a las transacciones financieras, ampliando la base de los impuestos sobre el valor añadido y dotando de mayor progresividad a las contribuciones a la seguridad social para que sea adapten mejor y potencien el empleo formal. Asimismo, la actuación independiente del banco central a través de un mandato simple podría dotar de mayor eficacia a la política monetaria.

 

El Estudio pone de manifiesto la necesidad de reforzar la inversión e impulsar la productividad, sentando así las bases para conseguir unos aumentos sostenibles de ingresos. Asimismo, la aplicación de reformas continuadas que contribuyan al aumento de la competencia en la economía gracias a la eliminación de barreras de entrada y una mayor apertura al comercio internacional, impulsará la productividad y reducirá los comportamientos de captación de rentas, mejorando así la distribución de los ingresos.

 

Las reformas deberán ir acompañadas de programas dirigidos a proteger a la población más desfavorecida y vulnerable y garantizar que dicha población perciba de primera mano las ventajas resultantes. En el marco de estas políticas, el foco se pone en reforzar la red de protección social al tiempo que se adoptan esfuerzos por mejorar la formación y la educación, así como el apoyo en el mercado laboral para los trabajadores afectados. 

 

Entre las recomendaciones específicas en materia de inclusividad, el informe insta a Argentina a que se centre en mejorar la distribución de los ingresos, que actualmente son muy desiguales, tal y como demuestra que uno de cada tres argentinos viva en situación de pobreza en la actualidad y otra quinta parte se encuentre en riesgo de caer en la pobreza. Para respaldar a esta mitad de la población más desfavorecida, es fundamental conseguir avances sostenibles en el tiempo. El informe anima a Argentina a que combine los programas actuales de alivio de la pobreza con mayores esfuerzos para reducir las desigualdades en el acceso a la educación, al empleo de calidad y a los servicios públicos, al tiempo que recomienda acelerar los esfuerzos para abordar las deficiencias en materia de género.

 

Es fundamental la mejora de la educación – y en particular la reducción de las desigualdades en el acceso a la educación de calidad. Es necesario mejorar la formación de los docentes y ofrecer un apoyo mejor definido para los estudiantes más desfavorecidos. Asimismo, la ampliación de la educación preescolar y el fomento de acuerdos laborables más flexibles cumplirán un doble objetivo al mejorar los resultados educativos e impulsar la participación de la mujer en la fuerza laboral, que actualmente es baja. Dado que el nivel promedio de rendimiento escolar es superior en las mujeres que en los hombres, esto permitiría un mejor uso del capital humano. Asimismo, la ampliación del permiso de paternidad y una mayor representación de la mujer en todos los niveles del sector público y privado mediante la aplicación de cuotas u objetivos también contribuiría a reducir la brecha de género en la fuerza laboral.

 

Las transferencias públicas para reducir la desigualdad y la pobreza deberían seguir desempeñando un papel importante, junto con mayores esfuerzos por frenar la informalidad en el mercado laboral, que afecta a una tercera parte de la fuerza laboral y que se caracteriza por unos bajos salarios y ninguna protección laboral. El aumento de la formación, los servicios de empleo y los incentivos para el desarrollo de las pequeñas empresas pueden frenar la informalidad y a la vez impulsar la productividad y mejorar la calidad del empleo para todos los argentinos.  

 

La OCDE, cuya misión es desarrollar mejores políticas para mejorar la vida de las personas, es la organización que ha documentado el aumento de la desigualdad de los ingresos y las oportunidades, y ha llevado a cabo un marco de crecimiento inclusivo a través del cual los ingresos y oportunidades se distribuyen mejor entre la población.

 

A través del enlace siguiente se puede acceder a un resumen del Estudio, junto con sus principales conclusiones: http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-argentina.htm.

 

Para más información, los periodistas pueden ponerse en contacto con la División de Medios de la OCDE (+33 1 4524 9700).

 

Nota para editores:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, es una organización internacional que promueve políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes de tipo de económico, social y de gobernanza.

 

Los 35 países miembros de la OCDE son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.

 

Tres países más (Colombia, Costa Rica y Lituania) han sido invitados formalmente a convertirse en miembros de la organización y actualmente están en proceso de adhesión.

 

Argentina viene aplicando un Plan de Acción con la OCDE desde finales de 2016 que trata de respaldar las prioridades de reformas del país: política económica, estadística, competencia, inversión, gestión pública y modernización del estado, federalismo, desarrollo regional y gobernanza a múltiples niveles, lucha contra la corrupción, educación y competencias y economía digital.

 

Si desea más información sobre la cooperación de la OCDE con Argentina, consulte: http://www.oecd.org/countries/argentina/.

 

Related Documents